En el Boletín de febrero os hablábamos de nuevos retos para este año y del avance en iniciativas creativas. Empezábamos marzo en esta línea. Como un ejemplo de la normalidad que había en los centros os presentamos unas iniciativas en la casa de hermanas mayores de las SALESIANAS EN SEVILLA. Por un lado, la visita de los niños del Colegio de Nervión, que estaban celebrando la semana vocacional profesional. Y, por otro, una muestra de los talleres de estimulación cognitiva que se estaban realizando, con un alto nivel de participación de las hermanas.

PERO TODO CAMBIÓ

El 1 de febrero nuestro servicio de prevención de riesgos laborales ya envió un primer comunicado a todos los responsables de centros informando sobre el coronavirus. Algunos nos dijeron que éramos alarmistas. Consultamos a nuestros proveedores sobre la disponibilidad de EPIs y nos dijeron que no había ningún problema de abastecimiento, que no nos preocupáramos, que en 24 o 48 horas seguían dando servicio en todo el territorio nacional. 

El 5 de marzo ya hubo 5 muertos en la Península. El 7 de marzo enviamos a todos los centros el documento del Mº de Sanidad: “Recomendaciones a residencias de mayores y centros sociosanitarios para el COVID-19”, pidiendo que se informe a los trabajadores y se cuelgue en el tablón de anuncios.  A partir del 9 de marzo el crecimiento de la enfermedad es exponencial y los acontecimientos se desarrollan de manera vertiginosa. 

El 10 de marzo los proveedores de EPIs nos advierten del desabastecimiento y que no nos pueden reservar material para nuestros centros. Tras la declaración del estado de alarma todo el material sanitario pasa a control gubernamental y el 16 de marzo empieza la Guardia Civil a requisar el material existente.

El problema de los EPIs afectó ciertamente a todos los centros sanitarios y sociosanitarios de este país. Todos vimos en las noticias el problema en la sanidad pública y en las Residencias de ancianos. Nadie habló de otras situaciones, como los servicios de ayuda a domicilio, que es nuestro caso. A nuestro personal, al ser considerado de servicios sociales y no sociosanitario se le excluía de todo tipo de apoyos, principalmente de EPIs y test. 

Bombardeamos de burofax, correos electrónicos y llamadas a las Consejerías de Sanidad y de Servicios Sociales, a Delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, Centros de Salud, Hospitales, patronales del sector… Denunciamos también la situación en medios de comunicación. Enviamos los informes de brote de manera continuada a Salud Pública. Y fuimos logrando poco a poco que se tuviese en cuenta la singularidad de las casas de comunidades religiosas, especialmente a partir de abril. De nuestra intensa labor en este ámbito se han beneficiado muchas congregaciones. De algunos organismos públicos incluso nos dieron las gracias por mostrarles una realidad que desconocían. 

Ha sido un tiempo intenso. Ahora más tranquilos y con muchas lecciones aprendidas, pero sin bajar la guardia porque el coronavirus sigue presente. 

Unos datos:

• Hasta el momento ha habido 90 fallecidos entre los religiosos y religiosas de nuestras casas. Pero analizando cada caso, sólo 67 de ellos se pueden imputar de alguna manera al COVID19, el 3,3% de todos los religiosos que atendemos.

• Estos fallecimientos se han producido en 25 de las 70 comunidades que atendemos, aunque en 13 de ellas el virus se ha cebado con especial gravedad. La más castigada ha tenido 10 defunciones, seguida de otra comunidad con 8. En 4 comunidades ha habido 5 defunciones y  en 3 comunidades ha habido 4. El resto han tenido entre uno y tres fallecimientos. Son sólo algunas frías cifras detrás de las cuales hay mucho sufrimiento.

• A 1116 religiosos ( de los casi 2000 que atendemos) se les han realizado los test hasta ahora, sea de anticuerpos o de antígenos. De ellos, 93 son positivos a fecha 20 de mayo, pero sólo quedan 5 con síntomas.  El rigor en el seguimiento de las pautas preventivas y de confinamiento ha sido crucial para que la situación no haya ido a más.

• En el período más crítico, en marzo, ha habido más de 300 trabajadores de baja, 205 imputados al COVID19, un 20% de la plantilla. Aunque la mayoría sin test de comprobación. Algunas compañeras lo han pasado especialmente mal y han tenido incluso que ser hospitalizadas. En algunos centros toda la plantilla llegó a estar de baja, con los problemas añadidos que esto supuso. Actualmente quedan 45 trabajadores de baja por este motivo y la mayoría asintomáticos o con síntomas leves.